• Facebook
  • Twitter
  • Ivoox
  • Radio Online
  • App Radio 90 para iPhone
  • App Radio 9O para Android

Noticias Nacionales

  • La vicepresidenta del Gobierno ha dicho que más de la mitad de las medidas aprobadas para la reforma de la administración ya están en marcha.
  • Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado también que el Ejecutivo ha encargado a la OCDE un informe para evaluar su ejecución.
  • Además, ha adelantado la puesta en marcha de un índice de ejecución de las medidas que, cada tres meses, señalará su grado de cumplimiento. 

Soraya Sáenz de Santamaría

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho este miércoles que más de la mitad de las medidas aprobadas para la reforma de la administración —129 de 217— ya están en marcha y ha anunciado que el Ejecutivo ha encargado a la OCDE un informe para evaluar su ejecución.

Sáenz de Santamaría ha presidido este miércoles la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA), ante la que ha explicado que en los próximos meses habrá observadores de la OCDE en los distintos ministerios analizando el cumplimiento del informe aprobado en junio con 217 medidas concretas para evitar duplicidades y ahorrar costes en las distintas administraciones del Estado.

La vicepresidenta ha adelantado la puesta en marcha de un índice de ejecución de las medidas que, cada tres meses y al igual que ocurre con la inflación o el paro, señalará su grado de cumplimiento y cuyos primeros datos podrán conocerse el 21 de septiembre.

En paralelo, ha señalado, el Gobierno aprobará este mes la reorganización, simplificación o supresión de 57 organismos públicos que dependen de la Administración General del Estado y remitirá a las Cortes 17 textos legales refundidos sobre normas "que cambian frecuentemente" con el objetivo de dar seguridad jurídica.

Ha avanzado también la puesta en marcha del "tablón edictal único" que, en un principio, será para la Administración General del Estado, ya que hay que reformar la ley para incorporar a otras administraciones, y el establecimiento de un punto neutro de embargo de pagos de las administraciones públicas.

El próximo Consejo de Ministros, ha anunciado, aprobará el reglamento que desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que facilitará a las víctimas un acceso privado y telemático a sus expedientes para el reconocimiento de las ayudas de las distintas administraciones.

Además, el Gobierno dará luz verde el viernes al reglamento del dominio público hidráulico, que supondrá la creación de un registro central del agua, con el objetivo, ha dicho Sáenz de Santamaría, de coordinar a todas las administraciones que tienen competencias en esa materia.

"Este informe no es un ejercicio exclusivo de análisis", ha explicado Sáenz de Santamaría en relación al informe de la CORA, sino un "listado de soluciones en las que estamos comprometidos y que hay que ejecutar".

La "prueba más clara" de ello, ha añadido, es la creación, el pasado 21 de junio, de la Oficina que evaluará la aplicación de la reforma que, junto al resto de medidas adoptadas desde entonces, "demuestra que hay una voluntad decidida y firme de que este informe deje de ser un informe y se convierta en un plan completo y de actuación".

Evitar la "autocomplacencia"

El informe de la CORA, aprobado también el 21 de junio, contenía 217 medidas a las que, en los últimos dos meses, se ha incorporado una, la reforma de los servicios telegráficos de la administración.

La vicepresidenta ha explicado la labor encargada a la OCDE en que se trata de un organismo independiente que evaluará el cumplimiento de las medidas y que, además de ayudar en su ejecución, evitará que el Gobierno caiga "en autocomplacencia".

Se ha referido a las medidas puestas en marcha antes de la aprobación del informe de la CORA —como la reforma del parque móvil del Estado o el plan Emprende en 3 para agilizar la creación de empresas— y a las aprobadas en los siete Consejo de Ministros celebrados desde entonces.

Así, en el del pasado 26 de junio, el Gobierno dio el visto bueno al plan de lucha contra la morosidad de las administraciones públicas y las leyes sobre deuda comercial y de factura electrónica, además del nuevo plan de pago a proveedores, además del plan de emprendedores que contiene medidas.

El 5 de julio, se aprobó el proyecto de ley de garantía de unidad de mercado que, entre otras medidas, convierte la  plataforma de contratación del estado en la plataforma de contratación de todas las administraciones y, el día 12, el programa de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios que presentará en 2014 un manual de racionalización y eliminación duplicidades.

Luz verde a la reforma local

Asimismo, el 19 de julio se dio luz verde al anteproyecto de ley de tratados y otros acuerdos internacionales y, el 26, se aprobó la reforma local.

En ese último Consejo de Ministros de julio se creó además la conferencia sectorial de tráfico y seguridad vial y se aprobó la estrategia nacional para la erradicación violencia contra la mujer.

El 2 de agosto, se pusieron en marcha el plan anual de políticas de empleo y el acuerdo marco de intermediación laboral con las agencias de colocación.

Por último, el pasado viernes 30 agosto, el Gobierno aprobó el proyecto de ley de evaluación ambiental, que dará seguridad jurídica al reducir a cuatro meses el plazo de los informes de impacto ambiental, cuya media de elaboración estaba en los tres años y que, en algún caso, han llegado a tardar 15 años en su aprobación.

Entre las medidas que no han pasado por el Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha destacado el programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado —15.135 inmuebles— o la cita previa en los servicios públicos de empleo.

A modo de ejemplo del ahorro que supondrá la adopción de todas estas medidas, Sáenz de Santamaría ha citado la contratación centralizada del suministro eléctrico en el Ministerio del Interior: 7 millones de euros de ahorro sobre 40 millones de coste "sin pérdida en la calidad del servicio".


image El Gobierno ha puesto en marcha 129 de las 217 medidas previstas para reformar la administración El Gobierno ha puesto en marcha 129 de las 217 medidas previstas para reformar la administración El Gobierno ha puesto en marcha 129 de las 217 medidas previstas para reformar la administración El Gobierno ha puesto en marcha 129 de las 217 medidas previstas para reformar la administración

EP

  • La Agencia Tributaria refleja en un informe remitido a Castro la creación de una supuesta estructura fiduciaria dirigida a desviar dinero a Belice y Reino Unido.
  • La sociedad De Goes emitió 17 facturas al instituto por un total de 384.000 euros.
  • Esas facturas respondían a servicios ficticios, según los investigadores.

Diego Torres

La Agencia Tributaria (AEAT) señala, en uno de los últimos informes que ha aportado al juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, que fue "a instancias y en beneficio directo" de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, como fue urdida una estructura societaria a nivel internacional presuntamente para evadir los ingresos obtenidos por el Instituto Nóos. Una operación en la que, añade, la intervención del imputado fue "indiscutible".

En un extenso informe, Hacienda apunta en concreto al papel desempeñado por la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management en la creación de una supuesta estructura fiduciaria dirigida a desviar dinero al extranjero, concretamente a Belice y Reino Unido. La sede de De Goes se encontraba en Londres y era filial a su vez de una empresa radicada en Belice.

La AEAT señala que en el primer semestre de 2007, De Goes emitió un total de 17 facturas al Instituto Nóos por un importe total de 384.000 euros. Además, los fondos transferidos ese año desde las cuentas de Nóos a la anterior empresa ascendieron a 484.000 euros, unos movimientos que tuvieron lugar entre el 29 de marzo y el 31 de julio de ese año.

Las facturas, que según los investigadores respondían a servicios ficticios, obedecían a la eventual creación de una red internacional de ciudades organizadoras de grandes acontecimientos deportivos, para lo cual se facturaron, según Hacienda, 8.000 euros mensuales en concepto de fees for the management. El propio Torres explicó que De Goes fue contratada por Nóos para desarrollar iniciativas de carácter internacional.

Sin embargo, la AEAT hace referencia a dos cuentas abiertas en el Crédit Agricole de Luxemburgo, titularidad de Torres y con sendos saldos de 112.700 y 48.300 euros. Según la Agencia Tributaria, estos fondos provienen de la cuenta de De Goes, que a su vez proceden de una transferencia recibida de Nóos en 2007.

Trinxet pide el archivo de su imputación

En el marco de estas pesquisas, los investigadores indagan el papel que jugó el abogado Salvador Trinxet, quien presuntamente ayudó a urdir la red de evasión y que el pasado mes de julio solicitó el sobreseimiento de su imputación alegando que fue un "simple transmisor", sin capacidad decisiva alguna ni intervención, y asegurando que nunca conoció ni se comunicó con Urdangarin, por lo que no le consta que pudiera ser beneficiario final de estos hechos.

El encausado, que ya fue interrogado en torno a la documentación intervenida en los registros practicados en esta causa sobre esta supuesta estructura fiduciaria, señalaba que recibió el encargo profesional del excontable de Nóos Miguel Tejeiro para intermediar en la compraventa de dos sociedades, "ninguna radicada en un paraíso fiscal", para el exsocio de Urdangarin.

Sobre esta cuestión fue interrogado en su día Tejeiro, quien afirmó que tanto el Duque de Palma como Torres le pidieron buscar una fórmula para facturar fuera de España los negocios que querían llevar a cabo en el extranjero y de esta forma pagar menos impuestos, si bien negó que la intención fuese buscar un paraíso fiscal en el que desviar los fondos obtenidos por Nóos.


image Nóos urdió una red de evasión fiscal internacional en beneficio directo de Torres Nóos urdió una red de evasión fiscal internacional en beneficio directo de Torres Nóos urdió una red de evasión fiscal internacional en beneficio directo de Torres Nóos urdió una red de evasión fiscal internacional en beneficio directo de Torres

  • Mohammed El Bali ha declarado ante el juez, que le ha enviado a prisión a la espera de que su país formalice la petición de extradición.
  • Está acusado de ser el coordinador de dos células compuestas por radicales asentados en Nador.
  • En el momento en el que fueron desarticuladas vivía en Bélgica, pero en la actualidad residía en la ciudad autónoma.

Presunto terrorista yihadista detenido en Melilla en septiembre de 2013

El presunto terrorista Mohammed El Bali, quien supuestamente coordinaba dos células yihadistas en Marruecos dedicadas a reclutar a futuros activistas y a la difusión de la ideología radical, se ha negado este miércoles ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional a ser extraditado a ese país.

El detenido ha comparecido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 2, Ismael Moreno, quien le ha preguntado si quiere ser entregado a Marruecos, a lo que ha contestado que no.

El juez le ha mandado posteriormente a prisión, en espera de que Marruecos formalice la petición de extradición.

La Guardia Civil y la Policía Nacional le arrestaron este martes en virtud de una orden internacional de detención cursada por Marruecos. El detenido, de nacionalidad marroquí, está acusado de ser el coordinador de dos células de ideología yihadí, llamadas célula Mouahidines y célula Taouhid, que estaban compuestas por radicales asentados en Nador.

Ambas fueron desarticuladas parcialmente el pasado mes de mayo, en una operación en la que fueron detenidos 11 presuntos terroristas y a los que se les intervino abundante documentación yihadista.

El objetivo de estos grupos era el reclutamiento de radicales, la difusión de ideología yihadí, la financiación de sus proyectos terroristas y la creación de un campo de entrenamiento. Cuando fueron desarticuladas estas células terroristas, Mohamed El Bali se encontraba residiendo en Bélgica y en la actualidad vivía en Melilla


image El presunto terrorista yihadista detenido en Melilla se niega a ser extraditado a Marruecos El presunto terrorista yihadista detenido en Melilla se niega a ser extraditado a Marruecos El presunto terrorista yihadista detenido en Melilla se niega a ser extraditado a Marruecos El presunto terrorista yihadista detenido en Melilla se niega a ser extraditado a Marruecos

  • Los socialistas valencianos quieren que el juez investigue la destrucción por parte del PP de los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas.
  • En un escrito presentado este miércoles, el PSOE solicita también la citación de las personas que borraron los dispositivos.
  • Piden además citar al abogado, Alberto Durán, quien firmó un escrito presentado en la Audiencia en el que se comunicaba la destrucción de los discos duros.

Pablo Ruz

El PSOE de Valencia ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que abra una serie de diligencias encaminadas a investigar la destrucción por parte del PP de los discos duros de los ordenadores del extesorero popular Luis Bárcenas, así como la citación de las personas que los borraron.

En el escrito, presentado este miércoles en el juzgado que investiga el caso Bárcenas sobre la supuesta contabilidad B en el PP, se requiere a Ruz que cite como testigos a la persona responsable de "ordenar la destrucción y borrado de los discos duros" de los dos ordenadores que estaban en la sede de la calle Génova y también a los técnicos que lo hicieron efectivo.

La extracción de la información de los dos dispositivos, que entregó al juez el PP, se realizó el pasado jueves en presencia de las partes con el resultado de que uno de los ordenadores no tenía disco duro y el otro contenía uno que no era el original y cuyo contenido (465 gigas) se descargó.

El PSOE reclama también a Ruz que emplace al abogado del PP, Alberto Durán, quien firmó un escrito presentado en la Audiencia en el que el partido comunicaba la destrucción de los discos duros. La defensa de Bárcenas también ha pedido que se le cite.

En dicho escrito se decía que las memorias fueron borradas en cumplimiento de un protocolo que aplica el partido acorde con la Ley de Protección de Datos, que establece que cuando un trabajador que tiene acceso a información delicada abandona la formación, las memorias de sus ordenadores se destruyen.

Durante el volcado se averiguó que uno de los ordenadores (el más antiguo, marca Toshiba) no tenía disco duro en su interior, mientras que el otro (un Apple) sí lo contenía pero no era el original. De este último se extrajo la información que ahora se analizará.

El PP explicó que destruyó ambos y que en el caso del ordenador Apple se deshizo de un disco duro nuevo que había puesto Bárcenas en octubre de 2012, una operación que, según la defensa del extesorero, respondió a que el original se había quedado obsoleto y en la que el extesorero traspasó toda la información del disco antiguo al nuevo.

¿Estaban conectados por intranet a un servidor principal?

En el mismo sentido de investigar la destrucción de las memorias, el PSOE pide al juez que reclame al PP si los ordenadores de la sede de Génova están conectados entre sí por intranet a un servidor principal y, en ese caso, que aporte copia de la información en relación a los documentos o correos generados por el extesorero.

Asimismo, el PSOE reclama a Ruz que el PP informe de si ha establecido algún procedimiento de actuación para realizar, como mínimo cada semana, copias de seguridad de la información del partido o algún procedimiento para la recuperación de datos destruidos.

Otra serie de diligencias de los socialistas valencianos, personados en el 'caso Bárcenas', están encaminadas a investigar varios aspectos relacionados con el PP gallego.

Así, piden al juez que reclame al PP que cite al gerente del partido en Galicia y el gerente provincial en Pontevedra, para que aclaren la devolución de 160.000 euros que el PP nacional había prestado al regional.

Esta diligencia responde a la declaración que hizo Bárcenas al juez el pasado 15 de agosto, cuando afirmó que recibió 50.000 euros en metálico del gerente de Pontevedra como devolución de parte de la deuda, que luego repartió en dos sobres de 25.000 euros y se los dio al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en concepto de sobresueldos en B.


image El PSOE pide a Ruz que investigue la destrucción de los discos duros de Bárcenas El PSOE pide a Ruz que investigue la destrucción de los discos duros de Bárcenas El PSOE pide a Ruz que investigue la destrucción de los discos duros de Bárcenas El PSOE pide a Ruz que investigue la destrucción de los discos duros de Bárcenas

  • El vicesecretario general de Nuevas Generaciones del PP de Madrid respeta pero no comparte la posición de la Audiencia Nacional, que le ha negado el indulto. 
  • Carromero, sin embargo, ha resaltado que la oposición de la Audiencia "no es vinculante" ya que la decisión "está en la mesa del Consejo de Ministros".
  • El alto tribunal se ha opuesto al indulto porque considera que el militante del PP hace vida normal gracias al tercer grado penitenciario que disfruta. 
  • La Audiencia se opone a indultar a Carromero y dice que no hay "razones de Justicia" para ello.

Ángel Carromero

"¿Tener un condena encima siendo inocente es hacer vida normal?", se ha preguntado este miéroles el vicesecretario general de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, tras conocerse que la Audiencia Nacional ha alegado este motivo para oponerse al indulto que pidió para él la familia de Oswaldo Payá.

Carromero ha afirmado que respeta, pero no comparte, la posición de la Audiencia Nacional, que según ha resaltado "no es vinculante" ya que la decisión del indulto "está en la mesa del Consejo de Ministros".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha opuesto al indulto del dirigente de Nuevas Generaciones porque "no encuentra razones de justicia, equidad o conveniencia" para ello, al considerar que hace vida normal gracias al tercer grado penitenciario que disfruta.

En un informe conocido este miércoles, la sección primera de la Audiencia alega que Carromero, condenado en Cuba por homicidio imprudente debido a su implicación en el accidente de coche en el que murió el disidente cubano Payá, desarrolla "su vida profesional sin limitación alguna" al estar controlado con pulsera telemática.

"¿Tener un condena encima siendo inocente es hacer vida normal? Llevar un pulsera en el tobillo las 24 horas es hacer vida normal?", ha cuestionado Carromero.

El responsable de Nuevas Generaciones ha explicado que ha podido hablar este martes y miércoles con la familia de Payá que, al igual que él y que sus amigos, no están de acuerdo con la postura de la Audiencia Nacional.

Además, ha añadido que no entiende cómo la Audiencia haya alegado que no está arrepentido, cuando "un inocente no se tiene que arrepentir de nada".

"¿Cómo te arrepientes de algo que la familia no te recrimina? He hablado con la familia, les he dicho que el motivo fundamental es que les tengo que pedir perdón y me han dicho que no tengo que pedir perdón por nada"", ha relatado.

Carromero ha explicado que Human Rights Watch está elaborando un informe que denuncia el juicio "falso" al que fue sometido en Cuba, al que "nadie ha dado validez".

En ese sentido, ha destacado que durante el proceso no ha habido ni copia del expediente de acusación ni perito y que a la familia de Paya "ni la dejaron entrar en el juicio oral".

"Un año y dos meses después todavía no le han dado la autopsia de Payá a la familia", ha añadido Carromero para argumentar que el proceso al que fue sometido no fue válido.

"Me siento muy respaldado por las autoridades americanas"

Además, ha indicado que el Kennedy Center está estudiando los mecanismos para pedir la revocación del proceso en las cortes internacionales.

"Me siento muy respaldado por las autoridades americanas", ha indicado el dirigente de Nuevas Generaciones, que ha apuntado por ejemplo la petición de investigación internacional formulada por la embajadora norteamericana ante la ONU, así como las declaraciones de senadores republicanos y demócratas de ese país.

Carromero ha insistido en reiteradas ocasiones en que el informe sobre su indulto de la Audiencia Nacional fue propuesto por la familia del opositor cubano, que desde un primer momento defendió su inocencia en el accidente de coche en el que perdieron la vida Payá y el también opositor Harold Cepero.

También ha considerado que la concesión de un indulto en ningún caso podría poner en peligro los acuerdos de extradición entre España y Cuba: "Dentro del convenio está regulado que España me puede indultar", significa.

El responsable de Nuevas Generaciones ha asegurado que tiene "confianza" en el Gobierno del PP y a continuación ha agregado que no le gustaría que, en España, por decir la verdad pudiera salir perjudicado.

Finalmente, ha asegurado que, una vez que ha contado "la verdad" sobre su caso, se ha quitado "una losa de encima".


image Ángel Carromero: ¿Tener una condena encima siendo inocente es hacer vida normal? Ángel Carromero: ¿Tener una condena encima siendo inocente es hacer vida normal? Ángel Carromero: ¿Tener una condena encima siendo inocente es hacer vida normal? Ángel Carromero: ¿Tener una condena encima siendo inocente es hacer vida normal?
Un millón de conductores son denunciados cada año

Un millón de conductores son denunciados cada año por exceso de velocidad, una infracción que la Dirección General de Tráfico (DGT) perseguirá especialmente a partir de este lunes con una campaña de control y sensibilización. 

InicioNoticiasSeccionesNoticias Nacionales Volver arriba