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Noticias Nacionales

AGENCIAS

  • La aprobación de la controvertida reforma educativa planea en el horizonte.
  • El Sindicato de Estudiantes ha convocado para octubre una "semana de lucha".
  • Una ONG emprende una campaña en coles para garantizar una comida diaria.

Contra los recortes en Educación

Los estudiantes de enseñanzas medias y universidades arrancan un nuevo curso que prevén "agitado", pues están dispuestos a movilizarse en contra del nuevo decreto de becas, de la subida de tasas y de la posible aprobación de la reforma educativa del ministro Wert. Portavoces de distintas organizaciones estudiantiles han asegurado  que este otoño la "marea verde" y las movilizaciones de la comunidad educativa volverán a salir a la calle.

El Sindicato de Estudiantes ha convocado para octubre una "semana de lucha" a favor de la enseñanza pública que incluye una convocatoria de huelga general de los alumnos de institutos y universidades del 22 al 24 de ese mes. "Wert dimisión", "No al 'tasazo', no al recorte de becas" y "No a la Lomce" son los eslóganes preparados para este comienzo de curso por este sindicato estudiantil, con cerca de 20.000 afiliados a nivel estatal.

Su presidenta, Ana García, ha destacado que el nuevo decreto de becas "hace más necesaria que nunca la movilización" y pedir la dimisión del ministro. Además, ha aconsejado a los estudiantes que este curso se "organicen para luchar en las calles", ya que es la "mejor defensa" de los jóvenes para obligar al Gobierno a echar para atrás unas medidas que "perjudican a la mayoría de la sociedad".

El portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), Aratz Castro, ha resaltado que el alumnado y la representación estudiantil demandan unidad ante "el ataque que esta sufriendo la educación". El pasado curso hubo 1.450.036 estudiantes matriculados en las universidades (84,2 % en públicas y 11,7 % en privadas) y 111.087 estudiaron un máster (75,4 % en facultades públicas y 24,6 % en privadas).

Y desde Creup, que representa a 700.000 estudiantes, se pide la dimisión de Wert, especialmente porque los nuevos requisitos de becas afectarán a los alumnos de forma "muy negativa" al no buscar un mejor rendimiento académico, sino el ahorro económico sin tener presente sus consecuencias, según Castro.

Por contra, el vicepresidente segundo del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune), Gabriel Martín, opina que convocar huelgas y movilizaciones "no es la actitud más responsable y no ayuda en absoluto a trabajar por la mejora de las universidades y los alumnos".

"Respeto cualquier tipo de actuación siempre y cuando respete el derecho de todos, es decir, jamás me podré oponer a actuaciones de determinados grupos siempre y cuando respeten que cualquiera pueda asistir a clase", ha dicho Martín.

Desde la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), su portavoz, Fidel González, ha comentado que a diferencia del curso anterior, donde el "fuerte de los recortes" era en la educación obligatoria, este curso los universitarios son los más perjudicados y esperan contar con rectores y profesores en sus reivindicaciones.

"Tasazos abusivos en las universidades de muchas comunidades, unas diferencias brutales entre autonomías y un decreto de becas vergonzoso e injusto para los estudiantes" son los principales puntos a rechazar por Faest, que cuenta con 1.200 representantes en las facultades.

Campaña de becas solidarias

Por su parte, la ONG Educo.org ha emprendido una campaña de becas solidarias en toda España para garantizar al menos una comida diaria adecuada a 20.000 niños y adolescentes en los centros escolares públicos y concertados. "En España no hay ni hambre ni desnutrición, pero sí existe un problema de malnutrición que está totalmente reconocido", ha señalado en conferencia de prensa su director general, José María Faura.

Uno de cada cuatro menores de 16 años tiene una alimentación deficiente y un niño cae en la pobreza cada tres minutos, entre otras conclusiones de un estudio de Educo, que ha nacido de la unión entre Intervida y Educación Sin Fronteras. Los menores de 18 años en riesgo de pobreza han pasado de dos millones en 2007, en vísperas de la crisis, a más de 2,5 millones en 2011, según las estadísticas oficiales recogidas por esta ONG.

"Este programa de becas comedor es una acción directa para ayudar aquellas familias con dificultades de garantizar una comida saludable al día a los hijos", ha justificado Faura. Beneficiarán a escolarizados que no pueden acceder a las ayudas públicas de comedor o no pueden cubrir la parte, generalmente el 50 %, que tienen que abonar las familias.


image Los estudiantes preparan un arranque de curso agitado en oposición a la subida de tasas Los estudiantes preparan un arranque de curso agitado en oposición a la subida de tasas Los estudiantes preparan un arranque de curso agitado en oposición a la subida de tasas Los estudiantes preparan un arranque de curso agitado en oposición a la subida de tasas

EP

  • El Ministerio de Sanidad recuerda que "la medida está encaminada a evitar abusos y en ningún caso a penalizar relaciones entre iguales".
  • El texto ratifica que el adulto sea condenado a penas de entre dos y seis años de cárcel aunque se dé consentimiento.
  • Del mismo modo no se considerará delito en aquellas relaciones sexuales consentidas entre menores con edad similar o grado de madurez similar.
  • Save The Children considera una "buena noticia" que el Gobierno haya decidido aumentar la edad mínima de consentimiento sexual en España.

Adolescentes

El Gobierno elevará la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años, según ha confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Sanidad, desde donde recuerdan que "la medida está encaminada a evitar abusos y en ningún caso a penalizar relaciones entre iguales".

La medida, que está incluida dentro del anteproyecto de reforma del Código Penal, será previsiblemente aprobada en el próximo Consejo de Ministros, según informan, para posteriormente iniciar su tramitación parlamentaria. Así, con su aprobación, se resuelve una situación que situaba a España como el país con la edad de consentimiento sexual más baja de la Unión Europea.

El texto, que adelanta este miércoles 'El País', ratifica que el adulto sea condenado a penas de entre dos y seis años de cárcel aunque se dé consentimiento; del mismo modo no se considerará delito en aquellas relaciones sexuales consentidas entre menores con edad similar o grado de madurez similar.

Fuentes de Sanidad recuerdan que "este tema ya estaba anunciado y será así", destacando que "el texto recoge que la medida esta encaminada a evitar abusos a menores y en ningún caso a penalizar relaciones entre iguales, y esto también se recoge perfectamente en el texto".

La ministra de Sanidad, Ana Mato, propuso el pasado meses de mayo a los grupos parlamentarios en el Congreso elevar a los 16 años la edad mínima de consentimiento sexual en menores, aunque la medida fue presentada en el Consejo de Ministros en abril dentro del Plan de Infancia y Adolescencia, donde también se incluía subir la edad para contraer matrimonio a los 16 años que actualmente está en 14 años.

Mato explicaba en su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso que la medida se hacía siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU de 2007, con el fin de luchar contra la pederastia, así como del Consejo de Europa, que considera que por debajo de los 15 años un niño no puede dar su consentimiento para mantener una relación sexual con un adulto.

Save the Children la considera buena noticia

Save The Children considera una "buena noticia" que el Gobierno haya decidido mediante reforma del Código Penal, aumentar de 13 a 16 años la edad mínima de consentimiento sexual en España, y defiende que la regulación sea flexible y que el juez tenga margen de maniobra para evaluar caso por caso las relaciones entre iguales.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press la coordinadora de Relaciones Institucionales de la organización, Almudena Escorial, quien ha incidido en que "debe quedar muy claro que se de la flexibilidad suficiente para no penalizar relaciones entre iguales" sino perseguir "aquellas en las que hay una desigualdad".

En este sentido, la representante de Save The Children ha explicado que "es difícil fijar una edad porque no se puede definir" por ley si entre dos jóvenes, por ejemplo, de 15 y 18 años, se está produciendo una situación de abuso. "Debe quedar regulado con la amplitud suficiente como para que el juez lo pueda valorar, dejando espacio en este ámbito para que en situaciones con edades próximas no se penalice", ha señalado.

El crimen de El Salobral

La polémica sobre la edad de consentimiento sexual resurgió hace casi un año con el crimen de El Salobral. Almudena tenía 13 años. Su presunto asesino, 39. Las crónicas desde ese pueblo cuentan que ellos mantuvieron una relación sentimental y que él la mató cuando ella le dejó.

La madre de Almudena intentó en numerosas ocasiones alejar a Juan Carlos de su hija por la vía legal, mediante denuncias en la Guardia Civil. Nadie hizo nada. Almudena tenía 13 años y la relación había sido consentida.


image El Gobierno elevará la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años El Gobierno elevará la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años El Gobierno elevará la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años El Gobierno elevará la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años

EP

  • Cristobal Páez, exgerente del PP, declaró en la Audiencia Nacional que había cobrado dinero B procedente de donaciones no declaradas.
  • Rubalcaba considera que esta declaración confirma la 'contabilidad B' del PP y, por lo tanto, que Mariano Rajoy "ha cobrado en negro".
  • "Ha mentido gravemente al Parlamento" ha resumido Rubalcaba y, por tanto "lo que tiene que hacer es irse".
  • Rubalcaba pide a Rajoy que tenga la misma actitud que Griñán en Andalucía: que comparezca, que permita una investigación y que colabore con la Justicia.

Alfredo Rubalcaba

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que la declaración judicial del exgerente del PP Cristóbal Páez confirma la 'contabilidad B' de ese partido y, por lo tanto, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy "ha cobrado en negro", igual que otros que fueron ministros con José María Aznar. "Ha mentido gravemente al Parlamento" ha resumido Rubalcaba y, por tanto "lo que tiene que hacer es irse".

Según Rubalcaba, lo que Páez ha dicho al juez es "he cobrado en negro de dinero negro" y eso "es justo lo que dice la contabilidad B de Bárcenas". "Es, creo, la prueba numero 52 de que esa contabilidad es cierta", ha dicho el líder socialista en una entrevista en la Cadena Ser.

Páez declaró en la Audiencia Nacional que había cobrado dinero B procedente de donaciones no declaradas. A juicio de Rubalcaba, no se puede admitir que "durante 20 años" el extesorero Luis Bárcenas hiciera una contabilidad "metiendo algunas cosas ciertas y otras falsas por si acaso un día se descubre", de manera que "no hay más remedio que concluir una vez más que esa contabilidad es cierta".

El PSOE insistirá en que Rajoy dé explicaciones

Por eso, el jefe de la oposición ha avisado a los 'populares' de que seguirán presentando iniciativas parlamentarias para que Rajoy dé explicaciones aunque se las rechacen. En concreto, ha anunciado que este mismo miércoles presentará una nueva interpelación al presidente y se ha mostrado convencido de que se resolverán los obstáculos formales, que ha tildado "inventos" de la Mesa del Congreso para no aceptar las iniciativas del PSOE.

Es más, cree que Rajoy "no tendrá mas remedio" que explicarse en el Parlamento o enviar a alguien a hacerlo por él -"haremos notar que no quiere venir", ha puntualizado- y después ser objeto de una moción que se votará en el Pleno. Y además, ha adelantado que los socialistas volverán a pedir una comisión de investigación en el Congreso y que, "se ponga como se ponga" el PP, al menos se acabará discutiendo en el Pleno. También sigue sin descartar una moción de censura.

En el plano judicial, Rubalcaba ha recordado que el PSOE va a pedir al juez instructor del caso, Pablo Ruz, que investigue la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas por parte del PP, convencido de que hay un delito de "obstrucción a la justicia".

"El ordenador lo custodiaba un tipo con un martillo"

En este punto, ha recordado que María Dolores de Cospedal dijo en el juzgado que los ordenadores estaban siendo custodiados. "Y después hemos sabido que estaba custodiado por un tipo con un martillo que estaba rompiendo el disco duro mientras lo custodiaba", ha remachado.

Rubalcaba ha reconocido que la responsabilidad política es un asunto complicado, sin "reglas exactas", sobre todo el decidir si se aplica antes de que terminen los procesos judiciales, pero en todo caso ha deseado que Rajoy tenga en este asunto la misma actitud que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en la investigación de los ERE irregulares en Andalucía: que comparezca, que permita una comisión de investigación parlamentaria y que colabore con la Justicia en lugar de borrar datos del ordenador de un delincuente cuando ya sabía que lo era.

Igual que el pasado mes de julio, el jefe de la oposición ha dicho que no quiere "nada con el Gobierno" pero ha defendido que los grupos políticos deben debatir y aprobar normas de regeneración democrática. Y además, puesto que los partidos han perdido credibilidad entre los ciudadanos, hacerlo con aportaciones de expertos.



image Rubalcaba considera que la declaración de Páez demuestra que Rajoy cobró en negro Rubalcaba considera que la declaración de Páez demuestra que Rajoy cobró en negro Rubalcaba considera que la declaración de Páez demuestra que Rajoy cobró en negro Rubalcaba considera que la declaración de Páez demuestra que Rajoy cobró en negro

  • AL galardón optaban 37 candidaturas de 31 nacionalidades.
  • El de la Concordia es el último en fallarse de los ocho galardones que convoca anualmente la Fundación que lleva el título del Heredero de la Corona española.

Once

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha obtenido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013, último en fallarse de los ocho galardones que convoca anualmente la Fundación que lleva el título del Heredero de la Corona española.

El galardón, al que optaban 37 candidaturas de 31 nacionalidades, recayó en las últimas ediciones en el Banco de Alimentos, los Héroes de Fukushima, Manos Unidas y la ciudad de Berlín.

Según los Estatutos de la Fundación, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia se concede a aquellos "cuya labor contribuya de forma relevante a la defensa de los derechos humanos, al fomento de la paz, de la libertad, de la solidaridad, de la protección del patrimonio y, en general, al progreso de la humanidad".

La candidatura de la ONCE fue propuesta por Ángel García, presidente de Mensajeros de la Paz; Rafael del Río, presidente de Cáritas, y Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas, organizaciones galardonadas con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1994, 1999 y 2010, respectivamente; así como por Juan Manuel Suárez, presidente de Cruz Roja Española, y Consuelo Crespo, presidenta de Unicef-España.

La ONCE fue creada en 1938 —este año celebra su 75 aniversario— al unirse varias asociaciones ya existentes con el objetivo de que estas personas pudieran vivir de un trabajo y no dependieran de una pensión, y mejorar así la calidad de vida de ciegos y deficientes visuales, destaca la Fundación en un comunicado.

La institución social cuenta con el reconocimiento y la protección del Estado para la venta del cupón de la ONCE, una lotería con la que la entidad se financia y crea puestos de trabajo para muchos de sus afiliados, y cuyo primer sorteo se celebró el 8 de mayo de 1939.

La ONCE ofrece a las más de 71.000 personas con ceguera o grave deficiencia visual que viven en España un conjunto de ayudas, la mayoría de carácter gratuito, que van desde la rehabilitación básica y visual, las prestaciones económicas asistenciales y la educación especializada, hasta el acceso a la cultura, el deporte y el fomento del empleo.

Además, la entidad está a la cabeza de la creación de empleo para discapacitados en España y en la venta de sus cupones trabajan más de 20.000 personas.

Gestionada por sus propios miembros

La ONCE está gestionada por sus propios miembros y ha diversificado sus recursos con inversiones empresariales que buscan conjugar rentabilidad económica y social.

En 2012, trabajaban 57.168 trabajadores, de los que el 57,1% (32.656) tienen alguna discapacidad, en el conjunto de entidades y sociedades que conforman la ONCE y su Fundación, y más de 37.000 personas participaron en los distintos cursos que imparte la organización.

La ONCE también desarrolla una amplia labor internacional, sobre todo a través de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL), creada en 1998 como impulso del Fondo de Cooperación con Iberoamérica existente desde los años 80.

Así, la ONCE actúa en 19 países de América con acciones en los ámbitos educativo -beneficia a más de 121.000 escolares ciegos- y formativo y laboral que han llegado a más de 52.000 personas en los últimos cuatro años.

Asimismo, es miembro e impulsora de la Unión Europea de Ciegos, la Unión Mundial de Ciegos, el Consejo Internacional para la Educación de Personas Ciegas, forma parte del Foro Europeo de la Discapacidad, trabaja con el Comité de Expertos de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, desde 2000, actúa a nivel europeo persiguiendo el objetivo de que las directivas comunitarias tengan en cuenta a las personas discapacitadas.


image La ONCE, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013 La ONCE, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013 La ONCE, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013 La ONCE, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013

EP

  • El motorista trataba de evitar un control aduanero a la salida del peñón.
  • El guardia civil ha sufrido lesiones en principio de carácter leve.
  • Los guardias civiles que trabajan en Gibraltar denuncian estar "muy presionados".

Gibraltar

Un guardia civil ha sido arrollado este miércoles por una moto que trataba de evadir un control aduanero en la verja de Gibraltar para impedir el contrabando, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.

Según han indicado estas fuentes, el atropello ha tenido lugar cuando agentes del Instituto armado se encontraban realizando registros como los que se vienen haciendo contra el contrabando de tabaco hacia la Línea de la Concepción.

El agente ha sido arrollado por una moto que trataba de eludir los controles. Como consecuencia del atropello, el guardia civil ha sufrido lesiones en principio de carácter leve, aunque está siendo reconocido para determinar la gravedad de las heridas.

Segundo incidente

Se trata del segundo incidente de estas características desde que estalló la tensión con Gibraltar. El pasado 6 de agosto, otro guardia civil fue arrollado mientras trabajaba en el control fronterizo por un vehículo con matrícula del Peñón, que le provocó heridas que le obligaron a darse de baja en el servicio.

En ese caso, el conductor del coche aceleró sin respetar la llamada de atención de los agentes y después abandonó el coche en una zona cercana a un aparcamiento junto a la Verja. En su interior, los agentes encontraron "varias cajas de tabaco de contrabando ilegal".


image Arrollado un guardia civil en la verja de Gibraltar Arrollado un guardia civil en la verja de Gibraltar Arrollado un guardia civil en la verja de Gibraltar Arrollado un guardia civil en la verja de Gibraltar

  • La vicepresidenta del Gobierno ha dicho que más de la mitad de las medidas aprobadas para la reforma de la administración ya están en marcha.
  • Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado también que el Ejecutivo ha encargado a la OCDE un informe para evaluar su ejecución.
  • Además, ha adelantado la puesta en marcha de un índice de ejecución de las medidas que, cada tres meses, señalará su grado de cumplimiento. 

Soraya Sáenz de Santamaría

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho este miércoles que más de la mitad de las medidas aprobadas para la reforma de la administración —129 de 217— ya están en marcha y ha anunciado que el Ejecutivo ha encargado a la OCDE un informe para evaluar su ejecución.

Sáenz de Santamaría ha presidido este miércoles la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA), ante la que ha explicado que en los próximos meses habrá observadores de la OCDE en los distintos ministerios analizando el cumplimiento del informe aprobado en junio con 217 medidas concretas para evitar duplicidades y ahorrar costes en las distintas administraciones del Estado.

La vicepresidenta ha adelantado la puesta en marcha de un índice de ejecución de las medidas que, cada tres meses y al igual que ocurre con la inflación o el paro, señalará su grado de cumplimiento y cuyos primeros datos podrán conocerse el 21 de septiembre.

En paralelo, ha señalado, el Gobierno aprobará este mes la reorganización, simplificación o supresión de 57 organismos públicos que dependen de la Administración General del Estado y remitirá a las Cortes 17 textos legales refundidos sobre normas "que cambian frecuentemente" con el objetivo de dar seguridad jurídica.

Ha avanzado también la puesta en marcha del "tablón edictal único" que, en un principio, será para la Administración General del Estado, ya que hay que reformar la ley para incorporar a otras administraciones, y el establecimiento de un punto neutro de embargo de pagos de las administraciones públicas.

El próximo Consejo de Ministros, ha anunciado, aprobará el reglamento que desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que facilitará a las víctimas un acceso privado y telemático a sus expedientes para el reconocimiento de las ayudas de las distintas administraciones.

Además, el Gobierno dará luz verde el viernes al reglamento del dominio público hidráulico, que supondrá la creación de un registro central del agua, con el objetivo, ha dicho Sáenz de Santamaría, de coordinar a todas las administraciones que tienen competencias en esa materia.

"Este informe no es un ejercicio exclusivo de análisis", ha explicado Sáenz de Santamaría en relación al informe de la CORA, sino un "listado de soluciones en las que estamos comprometidos y que hay que ejecutar".

La "prueba más clara" de ello, ha añadido, es la creación, el pasado 21 de junio, de la Oficina que evaluará la aplicación de la reforma que, junto al resto de medidas adoptadas desde entonces, "demuestra que hay una voluntad decidida y firme de que este informe deje de ser un informe y se convierta en un plan completo y de actuación".

Evitar la "autocomplacencia"

El informe de la CORA, aprobado también el 21 de junio, contenía 217 medidas a las que, en los últimos dos meses, se ha incorporado una, la reforma de los servicios telegráficos de la administración.

La vicepresidenta ha explicado la labor encargada a la OCDE en que se trata de un organismo independiente que evaluará el cumplimiento de las medidas y que, además de ayudar en su ejecución, evitará que el Gobierno caiga "en autocomplacencia".

Se ha referido a las medidas puestas en marcha antes de la aprobación del informe de la CORA —como la reforma del parque móvil del Estado o el plan Emprende en 3 para agilizar la creación de empresas— y a las aprobadas en los siete Consejo de Ministros celebrados desde entonces.

Así, en el del pasado 26 de junio, el Gobierno dio el visto bueno al plan de lucha contra la morosidad de las administraciones públicas y las leyes sobre deuda comercial y de factura electrónica, además del nuevo plan de pago a proveedores, además del plan de emprendedores que contiene medidas.

El 5 de julio, se aprobó el proyecto de ley de garantía de unidad de mercado que, entre otras medidas, convierte la  plataforma de contratación del estado en la plataforma de contratación de todas las administraciones y, el día 12, el programa de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios que presentará en 2014 un manual de racionalización y eliminación duplicidades.

Luz verde a la reforma local

Asimismo, el 19 de julio se dio luz verde al anteproyecto de ley de tratados y otros acuerdos internacionales y, el 26, se aprobó la reforma local.

En ese último Consejo de Ministros de julio se creó además la conferencia sectorial de tráfico y seguridad vial y se aprobó la estrategia nacional para la erradicación violencia contra la mujer.

El 2 de agosto, se pusieron en marcha el plan anual de políticas de empleo y el acuerdo marco de intermediación laboral con las agencias de colocación.

Por último, el pasado viernes 30 agosto, el Gobierno aprobó el proyecto de ley de evaluación ambiental, que dará seguridad jurídica al reducir a cuatro meses el plazo de los informes de impacto ambiental, cuya media de elaboración estaba en los tres años y que, en algún caso, han llegado a tardar 15 años en su aprobación.

Entre las medidas que no han pasado por el Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha destacado el programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado —15.135 inmuebles— o la cita previa en los servicios públicos de empleo.

A modo de ejemplo del ahorro que supondrá la adopción de todas estas medidas, Sáenz de Santamaría ha citado la contratación centralizada del suministro eléctrico en el Ministerio del Interior: 7 millones de euros de ahorro sobre 40 millones de coste "sin pérdida en la calidad del servicio".


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